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Los representantes republicanos incluyeron una lista, proporcionada por el BIS a la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade, que identifica a las compañías que actualmente poseen licencias para realizar negocios en la isla.
Díaz-Balart declaró que "es el momento de terminar el trabajo y de terminar la pesadilla. La solución es la eliminación de esa dictadura que está a 90 millas de Estados Unidos".
Salazar explicó que "cada dólar que evade las sanciones no solo engorda los bolsillos del régimen, también alimenta la represión en La Habana y le roba al pueblo cubano su libertad".
"ICAP es una amenaza directa a nuestra comunidad judía, nuestra seguridad nacional y nuestro hemisferio", señaló Salazar y pidió sanciones a la Administración Trump.
Salazar explicó el surgimiento de varias compañías al sur del estado con el objetivo de "ofrecer una variedad de servicios", cuyo propósito principal "es la evasión de sanciones sobre el régimen comunista en Cuba”.
Calificaron los ataques en su contra como intentos de silenciarla.
